Con la campaña #ÉchaleunOjo al presupuesto, Mexicanos Primero busca que las y los diputados prioricen un presupuesto que asegure infraestructura básica y servicios en las escuelas públicas en México para que las niñas y adolescentes no dejen de asistir durante su periodo menstrual y no pierdan oportunidades de aprendizaje.
En México existen 9,270,407 de niñas y adolescentes en edad menstruante. La falta de sanitarios funcionales, separados por género, con agua, jabón, papel higiénico y bote de basura en las escuelas, representa una barrera práctica para que se sientan seguras y dispuestas a estar, aprender y participar en la escuela durante su periodo menstrual.
La falta de condiciones sanitarias adecuadas en las escuelas para asegurar que las estudiantes tengan una menstruación digna y apoyarlas cuando enfrentan pobreza menstrual, aumenta la brecha de género en educación. Es urgente, por lo tanto, que en el paquete presupuestal de 2025, el gobierno federal destine los recursos necesarios para garantizar lo básico en infraestructura en las escuelas: agua, sanitarios,lavamanos y servicio de electricidad, así como mantenimiento de los planteles escolares.
El pleno ejercicio del derecho a aprender de las estudiantes se vulnera cuando durante su periodo menstrual dejan de asistir a la escuela, debido a que éstas no cuentan con los servicios sanitarios básicos. De acuerdo con una encuesta realizada por UNICEF en 2022, el 43% de las estudiantes en México afirmó que prefiere no asistir a la escuela en los días de su menstruación, lo cual podría estar relacionado con la falta de baños, de agua y, en general, de condiciones sanitarias adecuadas.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en México (Mejoredu), de un total de 205,766 escuelas públicas de educación básica a media superior – en el ciclo escolar 2021-2022-, 54,662 no tienen agua potable; 50,996 no cuentan con baños exclusivos para las estudiantes, 42,474 no tienen lavamanos y 25,890 carecen de electricidad. Al no disponer de condiciones adecuadas para gestionar su menstruación higiénicamente, las estudiantes prefieren quedarse en casa en lugar de asistir a la escuela, lo que vulnera el pleno ejercicio de su derecho a la educación.
Un análisis de Mexicanos Primero basado en las cifras de Mejoredu del ciclo escolar 2021-2022, estima que la inversión necesaria para dotar a estas escuelas de infraestructura básica equivale a 51,932 millones de pesos, presupuesto que debería incluirse en el paquete presupuestal que el Ejecutivo Federal entregará a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre para su discusión y aprobación. Además, dar mantenimiento durante un año al total de escuelas públicas en el país costaría 46,552 millones de pesos.
Los servicios básicos son indispensables para las estudiantes de educación básica y media superior, que suman 9,270,407 niñas y adolescentes en edad menstruante. La falta de sanitarios funcionales, separados por género, con agua, jabón, papel higiénico y bote de basura, representa una barrera práctica para que las estudiantes se sientan seguras y dispuestas a estar, aprender y participar en la escuela durante su periodo menstrual.
Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero hace un llamado categórico a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, se incluyan los recursos necesarios para dotar de la infraestructura sanitaria a las escuelas, imprescindible para garantizar el derecho de las estudiantes a una menstruación digna. Asimismo, urge a las autoridades de las 11 entidades federativas cuya legislación educativa incluye la entrega de productos menstruales, a que consideren en su presupuesto el cumplimiento de estas disposiciones dirigidas a la atención de la pobreza menstrual.
Las políticas educativas con perspectiva de igualdad de género también deben dar respuesta a la falta de infraestructura de las escuelas y apoyar a niñas y adolescentes que enfrentan pobreza menstrual para que su menstruación no afecte la continuidad de su trayectoria educativa y no sea un factor que aumenta las brechas de desigualdad de género en educación.
