*** Indígena migrante guatemalteca está libre, por gestión del Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica
Por: STAFF.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- La pesadilla del «sueño americano» por fin va a terminar para una mujer indígena migrante que se encuentra recluida en un centro penitenciario de Reynosa Tamaulipas, ya que hoy recuperó su libertad después de siete años y medio de encierro debido a que violaron sus derechos humanos entre ellos el de no contar con un intérprete, ya que no hablaba español.
Se trata de Juana Alonso Santizo que en 2014 a sus 27 años salió de San Mateo Ixtatan Huehuetenango en Guatemala, del pueblo maya Chuj.
La intención de ella, como la de miles de personas, era llegar a los Estados Unidos para trabajar y mejorar las condiciones de vida en la que se encontraba su familia.
Pero el día 10 de noviembre del 2014 la mujer fue detenida durante un operativo policial y la acusaron de participar en un secuestro de otras dos mujeres migrantes. Desde ese tiempo Juanita está recluida en un penal de Reynosa y enfrenta el proceso penal 169/2014.
Organizaciones como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés) se pronunciaron en septiembre del año pasado en contra de su encarcelamiento al considerar que la detención fue arbitraria, la excesiva prisión preventiva, así como no contar con un intérprete por hablar dialecto.
Este mes, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a través de su titular Raymundo Ramos se sumó al evento “El Camino a la Libertad Para Juanita”.
La Fiscalía del estado informó este sábado que su titular Irving Barrios Mojica determinó firmar una petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso audiencia y se deje en libertad.
Con ello pueda retornar a su país de origen en las próximas horas; de igual forma, ha instruido a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos dar celeridad a las investigaciones por cuanto a las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades.
La determinación fue después de haber celebrado diversas reuniones tanto con sus defensores, autoridades de Guatemala, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares, con la finalidad de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos durante el proceso legal que por 7 años ha sostenido.
