*** Asegura la Diputada Local, que cuando una autoridad recurre a amenazas o disputas en lugar del diálogo, estamos frente a un grave retroceso democrático
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Como un grave retroceso democrático, y un certero ataque a la libertad de expresión, calificó la Diputada Eva Reyes González, la amenaza de muerte que recibió el pasado domingo una periodista, misma que atribuyó el hecho al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.
La diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que este caso ha generado preocupación en el gremio periodístico y ha abierto el debate sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen la libertad de expresión en México. Además, calificó de grave cualquier acción de intimidación contra periodistas.
«El derecho a la libertad de expresión es fundamental. Cuando una autoridad recurre a amenazas o disputas en lugar del diálogo, estamos frente a un grave retroceso democrático», señaló.
Reyes González también exhortó a los periodistas a formalizar sus denuncias en casos de amenazas.
«No debemos callar. Cada mujer, en cualquier posición profesional, tiene el derecho de alzar la voz. Espero que Brenda Ramos formalice su denuncia para que las investigaciones procedan», declaró.
En el marco del Día Universal de los Derechos Humanos, la diputada reflexionó sobre la importancia de capacitar a las autoridades municipales en el respeto a la libertad de expresión y derechos fundamentales.
«Es lamentable que tengamos que enfrentar estos retrocesos. La crítica, aunque incómoda, debe ser respetada por los políticos. No somos monedas de oro y habrá quienes no compartan nuestros ideales, pero eso no justifica la barbarie contra la libertad de expresión», remarcó.
Reyes González recordó que México tiene una historia marcada por luchas en defensa de los derechos humanos, desde los movimientos indígenas hasta los colectivos de familiares de desaparecidos, y destacó la necesidad de reforzar estos principios en todos los niveles de gobierno.
«Es momento de garantizar que todas las autoridades actúen bajo el principio inalienable del respeto a los derechos humanos», concluyó.
